El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. El gobierno de Menem se plegó a los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las mismas, y otras posteriores, se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales yGas del Estado.
Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal. Aun así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. El ministro de economía de entonces, Erman González, apeló al Plan Bonex: confiscó los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos de largo plazo en dólares. Asimismo, restringió fuertemente la emisión monetaria.
Durante la gestión de Domingo Cavallo, ministro de Economía de su gobierno, se estableció la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.
Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Ese aumento estuvo fraccionado por el incremento del sector servicios, mientras que el PBI industrial se contraía y la economía argentina se privatizaba. La estabilidad económica fue entonces, sólo aparente, ya que disminuía la capacidad de la economía de emplear mano de obra y cerraban incontables establecimientos industriales. Durante su gobierno ladeuda externa pública se multiplicó desde los 45.000 millones que había dejado el gobierno de Alfonsín, hasta finalmente llegar en el 2000 a 145.000 millones.2 En los servicios públicos las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunas rubros (electricidad, telefonía), mientras que en otros el impacto fue negativo (transportes ferroviarios), este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia ocurrido puntualmente el 10 de marzo de 1993. Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la devaluación, desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios. Al mismo tiempo, los principales inconvenientes económicos generados por esta política fueron una disminución de la competitividad basada en el tipo de cambio y un crecimiento del desempleo.
Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 y 8,6% de la población económicamente activa, respectivamente). Luego de un período de lenta disminución (6,9 y 8,3% en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 y 11,3% en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4% y 13,6% en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3%. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral.